Los problemas financieros que soportaba Francia llevaron anacionalización de los bienes del clero. La medida fue propuesta a la Asamblea Constituyente por Telleyrand, obispo de Autun: incautar los bienes eclesiásticos y proclamarlos bienes nacionales. Con su venta se pensaba resolver los problemas económicos del Estado.

Los servicios públicos a cargo de la Iglesia pasarían a manos del Estado; los sacerdotes recibirían un sueldo del gobierno, como cualquier otro funcionario.
La venta de los bienes nacionalizados comenzó en marzo de 1790: se transfirieron una gran cantidad de tierras, que fueron compradas por burgueses y campesinos acomodados. De esta manera se aseguraba también la fidelidad de esos grupos a la revolución.
Otras medidas de la Asamblea desataron un grave conflicto: la abolición de las órdenes religiosas y la “constitución civil del clero”, votada el 12 de julio de 1790.

Esta última medida reorganizó al clero secular: modificó los límites de las diócesis y estableció la elección popular de los obispos, como ocurría con los otros funcionarios, además de otras reformas.
El Papa rechazó la constitución civil del clero y condenó como impía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En estas decisiones influyeron razones políticas, además de las religiosas: algunas potencias católicas, en especial España, alentaron la oposición del Papa a la Francia revolucionaria.
La reforma eclesiástica creó una iglesia nacional francesa, separada del papado y desencadenó un conflicto religioso que resultó muy favorable a los contrarrevolucionarios.

El 27 de noviembre de 1790 la Asamblea exigió a los sacerdotes que prestaran juramento de fidelidad a la constitución del reino (incluyendo la constitución civil del clero, que la integraba). Sólo siete obispos juraron; entre los sacerdotes surgieron dos bandos, aproximadamente iguales en número, aunque desigualmente distribuidos: los juramentados o constitucionales fueron mayoría en el sudeste del país; los refractarios en el oeste.

Los curas refractarios se sumaron a la contrarrevolución. Su tradicional influencia sobre la población campesina hizo de ellos un enemigo peligroso.

Fue una buena decisión la nacionalización de los bienes de la Iglesia, ya que de esa manera se solucionó gran parte del problema económico de Francia, sobre todo de las clases sociales más pobres. También fue acertada la decisión del pago de sueldos a los sacerdotes ya que así la Iglesia no tendría privilegios con respecto a los otros funcionarios del gobierno. Con respecto a la creación de la Iglesia Nacional Francesa, no fue buena, ya que provocó hechos que no fueron beneficiosos para la religión católica, como luego ocurriría después, que Robespierre implantaría el culto a la diosa Razón y al Ser Supremo, forma de religión relativamente alejada del cristianismo.

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